Regulación de medios

Carencias y oportunidades en la legislación sobre medios

  • El Estado peruano reconoce y protege las libertades de información, expresión y opinión y el derecho de hacerlo a través de diversos medios de comunicación. Así mismo, la Constitución Política del Perú reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural, y define como prácticas atentatorias y, por lo tanto prohibidas, contra la libertad de expresión y de información la exclusividad, el monopolio y acaparamiento de los medios de comunicación.
  • El texto constitucional referido a la prohibición de escenarios de exclusividad, monopolio y acaparamiento de medios tiene desarrollo exclusivamente en la Ley de Radio y Televisión (2004), en la que se establece un control ex ante del acaparamiento mediante límites al número máximo de autorizaciones de radio y de televisión a las que un operador puede acceder por banda y localidad.
  • Sin embargo, no existe una ley general antimonopolios o norma específica que abarque a la prensa escrita y otros medios de comunicación; tampoco se prohíbe o limita la propiedad cruzada; no se obliga a los titulares de la radio y la televisión a hacer públicos sus niveles de participación en el mercado de audiencias o sus ingresos por publicidad, ni su composición accionarial, más allá de las normas generales aplicables a todas las sociedades empresariales; y la definición de acaparamiento para el caso de la radio y la televisión no se basa en cuotas de mercado (audiencia y/o publicidad) de las empresas operadoras.
  • Consideramos que en el caso de la implementación de las políticas y normas referidas a la radio y la televisión se abren márgenes de discrecionalidad política por parte de la autoridad competente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dado que la designación de los ministros y altos funcionarios depende del Poder Ejecutivo, lo cual no ofrece condiciones de autonomía política a la autoridad reguladora. Existe un Consejo Consultivo de Radio y Televisión, pero no tiene opinión vinculante.
  • Encontramos que el enfoque que subyace al marco jurídico y la implementación de políticas en el sector de las comunicaciones es de no intervención en términos de censura, pero no de promoción para el ejercicio de estos derechos por parte de personas y colectivos que no cuentan con los recursos y/o habilitaciones necesarias para acceder a la propiedad y gestión de medios de comunicación como la radio y la televisión, por ejemplo las asociaciones que promueven medios de carácter educativo y comunitario.
  • Desde la concepción y puesta en marcha de la Ley de Radio y Televisión, en el año 2005, se han tomado decisiones en el Congreso y en el Ejecutivo que no han favorecido el pluralismo y la diversidad en la radio y la televisión. Por ejemplo, antes de la ley vigente el límite de autorizaciones en radio y en televisión era de una por banda y localidad (Ley de Telecomunicaciones, 1993). Además, el trato preferencial para las estaciones educativas y especialmente comunitarias contemplado en la Ley de Radio y Televisión no ha tenido una aplicación vigorosa y promotora de la diversidad, pues en los concursos para la adjudicación de frecuencias predomina la propuesta económica de los postores; se ha condenado a los medios comunitarios a la marginalidad en términos de su ubicación y potencia de emisión; y no se han establecido, por ejemplo, mecanismos de ayuda a las comunidades indígenas, campesinas y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. La implementación de la televisión digital terrestre ha fortalecido el predominio de los grupos empresariales limeños de alcance nacional, en vez de constituir una oportunidad para ampliar la diversidad y pluralidad en el ámbito mediático.
  • Finalmente, consideramos que se desaprovecha otras dos vías de acción estatal que podrían contribuir a una mayor diversidad y pluralismo en los medios, como el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el gasto en publicidad estatal. El IRTP no tiene autonomía política editorial de los gobiernos de turno y no ha desarrollado un esfuerzo importante de descentralización de la producción. En tanto que el gasto del Estado en publicidad institucional y campañas de interés público sigue los patrones del mercado en el sentido de privilegiar el nivel de audiencia y/o lectoría para determinar y no incorporar, en la práctica, criterios de descentralización y equidad en la inversión publicitaria.

Para más información, revisa el documento "Estudio del marco legal de la concentración de medios en Perú" de Jorge Acevedo.

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