Legislación

Marco legal

En la Constitución Política del Perú, la máxima expresión del marco legal del país, el Estado protege como derecho fundamental de las personas las libertades de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento y la posibilidad de hacerlo a través de los medios de comunicación. Además indica que el ejercicio de informar y opinar también comprende el de fundar medios. Por lo tanto, es delito toda acción que censure, clausure algún órgano de expresión o le impida circular libremente en el país.

El texto magno protege además la pluralidad étnica y cultural y define al monopolio y acaparamiento de los medios como prácticas atentatorias y prohibidas ya que vulneran los derechos antes citados.

La prohibición de escenarios de exclusividad, monopolio y acaparamiento descritos en la Constitución tiene un amplio desarrollo en la Ley de Radio y Televisión (2004). Esta norma -creada después de conocerse como el régimen fujimorista compró las líneas editoriales de algunos canales de televisión- establece un control previo a la situación de dominio del mercado mediante límites al número máximo de autorizaciones de radio y de televisión.

Precisamente, la Ley de Radio y Televisión especifica que el espectro radioeléctrico constituye un recurso natural escaso que forma parte del patrimonio de la Nación y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad encargada de evaluar y tramitar las solicitudes de operación de estaciones de radio y televisión de señal abierta y de servicios privados, así como de asignar las estaciones y canales para dicho fin. Además, establece que solo las personas de nacionalidad peruana o empresas creadas en el país pueden ser los únicos titulares de autorizaciones y licencias. 

La Constitución además establece que los medios deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Precisamente, este marco legal ha permitido que un grupo de periodistas denunciara ante el Poder Judicial a El Comercio, principal grupo mediático del Perú, por violar los derechos de libertad de información y opinión al comprar a uno de los medios de prensa escrita de la competencia.

El Tribunal Constitucional, basado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos, estableció en sus fallos que la libertad de información y expresión se derivan del principio de dignidad de la persona. El cual tiene una dimensión individual pues protege que nadie sea prohibido de manifestar su pensamiento, pero también garantiza el “derecho todas las personas a recibir cualquier información a fin de formarse una opinión propia”, a “recibir noticias veraces y completas” e “informaciones de toda índole”.

Algunos órganos judiciales además reconocen como insumo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Esta dice que: “El ejercicio de libertad de expresión depende de que los medios de comunicación provean información libre e independiente… [permitiendo] que los individuos puedan formar su opinión… Precisamente, la necesidad de información plural tiene una vital importancia en los procesos de toma de decisión de la sociedad… Solamente cuando el individuo es informado podrá evaluar y libremente adherirse a una u otra postura del espectro político”.

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